¿Cómo se instalan puntos de recarga en una comunidad de propietarios?
La instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos en comunidades de propietarios está amparada por la Ley 49/1960 de Propiedad Horizontal (LPH), que otorga a cualquier propietario el derecho a instalar un cargador en su plaza de garaje privativa sin necesidad de obtener la autorización de la junta. Solo es obligatorio notificarlo previamente a la comunidad.
El proceso habitual es el siguiente: el propietario encarga a un instalador homologado el diseño de la instalación, solicita el punto de suministro eléctrico y conecta el cargador a la red. Si en el garaje ya existe una infraestructura eléctrica preparada —lo que se conoce como preinstalación— el proceso es más sencillo y económico. En garajes más antiguos puede ser necesario reforzar la acometida eléctrica.
Cuando son varios vecinos los que quieren instalar cargadores simultáneamente, lo más eficiente es hacerlo de forma coordinada a través de la comunidad, que puede contratar una instalación colectiva con gestión inteligente de la carga para optimizar la potencia disponible y reducir costes.
El problema de facturar la electricidad de la recarga
El nudo gordiano de los cargadores en comunidades no es técnico sino de facturación. Si cada cargador tiene su propio contador y su propio contrato con la distribuidora, el propietario paga directamente su consumo y no hay ningún problema de reparto. Pero esta solución tiene un coste de infraestructura más elevado.
En muchos casos los cargadores se conectan al suministro eléctrico común de la comunidad, bien porque es más económico o porque la instalación fue diseñada así. En ese escenario la electricidad consumida por todos los cargadores llega en una sola factura comunitaria, y la pregunta es cómo saber cuánto ha consumido cada vehículo y cuánto debe pagar cada propietario.
Hacer un reparto igualitario o basado en estimaciones es injusto e inevitablemente generará conflictos. El vecino que carga todos los días no puede pagar lo mismo que el que carga dos veces al mes.
IRVE: la infraestructura de recarga en comunidades
El término IRVE —Infraestructura de Recarga de Vehículo Eléctrico— hace referencia al conjunto de equipos, cableado, sistemas de control y puntos de carga instalados en un emplazamiento para la recarga de vehículos eléctricos. En el contexto de una comunidad de propietarios, el IRVE puede ser individual (un cargador por plaza y propietario) o colectivo (una instalación centralizada con varios puntos de carga gestionados por un sistema común).
Los sistemas IRVE modernos incorporan contadores inteligentes en cada punto de carga que registran el consumo de cada sesión de recarga. Dependiendo del modelo, pueden conectarse a una plataforma de gestión que genera informes de consumo por usuario y por período. Esto facilita enormemente la facturación individualizada, sea cual sea el modelo de conexión a la red.
Un IRVE bien diseñado con medición individual por punto de carga es la base para un reparto justo y transparente. Sin medición no hay justicia en la facturación.
Cómo repartir el coste de la recarga entre vecinos
La solución es técnicamente sencilla: cada punto de carga lleva asociado un contador que registra los kilovatios-hora consumidos por sesión y por período. Al final de cada mes se leen los contadores de todos los cargadores, se suman los consumos totales —que deben cuadrar con la factura eléctrica de la comunidad— y se asigna a cada propietario el coste correspondiente a sus kWh registrados.
El cálculo debe incluir también una parte proporcional de los costes fijos de la instalación (potencia contratada, mantenimiento), que sí pueden repartirse de forma igualitaria entre todos los usuarios del IRVE. La parte variable, es decir, la energía consumida, debe asignarse en función del consumo real de cada cargador.
Simedicion gestiona este proceso de principio a fin: leemos los contadores de cada punto de carga, calculamos el reparto aplicando el precio correcto por kWh y emitimos un recibo individualizado para cada propietario. El administrador recibe el informe listo para facturar sin necesidad de aprender ningún software.
Ventajas de un servicio de gestión profesional
Gestionar manualmente los consumos de varios cargadores mes a mes es una tarea recurrente y propensa a errores. Un servicio profesional elimina esa carga administrativa y garantiza que los cálculos son correctos y auditables. Si un propietario cuestiona su recibo, la respuesta es inmediata: los datos del contador son la prueba objetiva.
A medida que más vecinos se sumen al vehículo eléctrico, el número de cargadores crece y la gestión manual se vuelve inviable. Un servicio profesional escala sin esfuerzo adicional para la comunidad. Incorporar un nuevo cargador al sistema de reparto es tan sencillo como añadirlo a la lectura periódica.
Por último, una facturación transparente y basada en datos reales elimina los roces entre vecinos. Cada propietario sabe exactamente cuánto ha consumido y cuánto paga. Sin estimaciones, sin sospechas y sin discusiones en la junta.